¡A la calle! Desahucios y desalojos… la fuerza y el castigo del sistema contra la vulnerabilidad.

¡A la calle! Desahucios y desalojos… la fuerza y el castigo del sistema contra la vulnerabilidad

Un desahucio nunca es solo la ejecución de un acto jurídico. Es una escena. Tiene un tiempo, un espacio, unos papeles asignados, una coreografía que se repite con sorprendente regularidad. Casi siempre tiene lugar por la mañana, a menudo en los meses fríos, a veces cerca de las fiestas... 

Implica cruzar un umbral, abrir o forzar una puerta, la presencia visible de las fuerzas del orden, un lenguaje técnico que transforma vidas y relaciones en trámites administrativos. Esta repetición no es casual: es lo que permite interpretar el desalojo como un rito del orden urbano, una forma ordinaria a través de la cual el poder público interviene para restablecer un orden que considera violado. Al reducir la capacidad de reacción, aumentar la presión emocional y maximizar el efecto disciplinario del acto, el Estado elige cuándo estar presente, y lo hace a menudo en los momentos de máxima vulnerabilidad. 

Esa fuerza, utilizada con una meticulosidad que tiene algo de espectacular, es una actuación moral. El uso de la fuerza nunca es neutro ni puramente técnico. Cada intervención produce significado, distingue implícitamente entre vidas plenamente legítimas y vidas a las que se les exige justificarse porque están fuera de lugar, fuera de la norma, fuera de la ley. 

Las fuerzas del orden deben mostrarse, deben repetirse, deben convencer, no solo a quienes las sufren, sino también a quienes las presencian. Cada intervención construye una escena y comunica un mensaje que va más allá del acto en sí. Lo vemos con una brutalidad sin precedentes en las intervenciones de la policía de control de la inmigración potenciada por la administración Trump, en las ciudades estadounidenses. 

Desde esta perspectiva, el desalojo es una puesta en escena de la soberanía, una pedagogía pública del límite: no solo sirve para liberar un inmueble, sino para recordar quién decide cuándo se puede quedarse y cuándo, en cambio, hay que marcharse. 

El umbral doméstico es un espacio sagrado, y violarlo requiere una fuerte legitimación simbólica. El uniforme, la oficialidad, el lenguaje técnico producen una desubjetivación inmediata: no se entra en una casa, se «ejecuta una medida». La vida que habitaba ese espacio se suspende y se traduce en práctica administrativa. Los cuadernos de los niños, las fotografías, la ropa, los libros, los objetos del hogar pierden su valor afectivo y se reducen a escombros de desalojo. 

La fuerza y la compasión. El orden y la piedad. Suele existir un vicio estructural del sistema: la complementariedad entre la fuerza y la compasión. La policía encarna la fuerza, los servicios sociales el cuidado, pero juntos producen una forma de violencia legitimada. La fuerza entra con el rostro de la ley, lo social con el de la compasión. Ninguno de los dos cuestiona realmente el acto; ambos garantizan la ejecución de una medida administrativa y su éxito. 

El acto final es el de la salida: la cerradura cambiada, el espacio vaciado, neutralizado. El objeto —la casa liberada— vuelve a ser «neutro», el conflicto desaparece, la persona se vuelve invisible. Es una verdadera limpieza moral del espacio: lo que perturbaba el orden es eliminado y, con ello, la historia, la relación, la presencia. 

En esta gramática, los desahucios y los desalojos comparten la misma estructura, aunque afecten a objetivos diferentes. Cambia el sujeto, no el dispositivo. Por ejemplo se culpa a la familia por ser insolvente. O a una asociación por ser irregular. Ya sea el espacio público o privado, la necesidad es siempre la de restablecer el orden. En ambos casos, primero fracasa la política social, luego entra en escena la fuerza y, finalmente, el conflicto se reescribe como un problema administrativo, técnico. 

La casa deja de ser un lugar de vida y se convierte en objeto de ejecución. No hay una familia: hay un impago. No hay niños ni ancianos: hay ocupantes. No hay mujeres solas, extranjeras, con hijos a cargo: hay ocupantes ilegales. No hay una historia: hay una medida. La vulnerabilidad no suspende el acto; al contrario, se convierte en su trasfondo silencioso. Las mujeres, los ancianos y los menores atraviesan la escena como figuras moralmente relevantes pero jurídicamente irrelevantes. El orden debe restablecerse, independientemente de quién pague el precio. 

En la jerga popular se dice «echar a la calle». Una expresión que no solo indica la pérdida de una casa, sino la interrupción de la continuidad de la vida, el traslado forzoso de un interior protegido a un exterior expuesto. La calle no es una alternativa, todos lo sabemos, es lo que queda cuando nadie asume la responsabilidad de otro lugar. 

Si no cada día, casi cada día las noticias nos traen episodios de desahucios y desalojos cargados de sufrimiento. Las consecuencias de un desahucio forzoso no son tenidas en cuenta. En realidad, no importan. Se deja a las personas afectadas sin su alojamiento. Pero luego, una vez que las personas desaparecen de la actualidad, ¿quién vuelve realmente a ocuparse del tema? 

Uno llega a pensar que en nuestras sociedades los desahucios son un fenómeno estructural. Las cifras pueden ser leídas e interpretadas también junto con los porcentajes de pobreza absoluta, o de trabajo precario, o de inestabilidad de la vivienda en las grandes ciudades, o de aumento de los alquileres en los contextos urbanos más atractivos... 

El desahucio no afecta a una minoría desviada, sino a un sector cada vez más amplio de precariedad social. La denominada 'morosidad involuntaria' surge del reconocimiento de la evidencia de que muchas personas dejan de pagar el alquiler no por elección propia, sino por acontecimientos que interrumpen la continuidad de la vida ordinaria: enfermedades, pérdida del empleo, separaciones, reducciones repentinas de los ingresos, precariedad prolongada. 

Seguramente hasta existen instrumentos jurídicos y fondos públicos pensados para interceptar estas situaciones, pero en la práctica incluso la morosidad involuntaria se trata como una circunstancia atenuante marginal, no como un hecho político central. 

La pobreza se traduce en culpa procesal. No importa por qué no se paga, importa que no se paga. La vida excedente —el cuerpo que enferma, el trabajo que desaparece, la soledad, la vejez— se reclasifica en una sola gramática: el incumplimiento. El desahucio se convierte así en el instrumento mediante el cual el sistema resuelve a posteriori lo que no ha querido o sabido abordar a priori. 

Junto al desalojo por morosidad, crece otra forma de expulsión, la que afecta a quienes siempre han pagado. Los contratos regulares y los alquileres pagados puntualmente se interrumpen para dejar espacio a otra renta. Los alquileres cortos, las reconversiones turísticas y las revalorizaciones inmobiliarias producen una nueva ola de desalojos «limpios», formalmente legítimos, socialmente devastadores. Aquí no hay culpa ni fragilidad reconocida: hay sustituibilidad. La ciudad expulsa no porque alguien haya cometido un error, sino porque otra persona puede pagar más. También en este caso, el desalojo funciona como un rito de restauración, no del orden social, sino del orden del mercado. 

A uno le hacen creer que la elección es entre legalidad e ilegalidad y que, para ello, incluso hay que usar la fuerza. Y, sin embargo, las ciudades que echan a la calle a los más frágiles no están restableciendo el orden, sino diciendo, muy claramente, qué tipo de comunidad pretenden ser. Es una cuestión de desproporción, cuando el peso del acto supera infinitamente lo que pretende corregir. Es desproporción cuando se respeta formalmente la ley... pero se aplasta la vida. 

P. Joseba Kamiruaga Mieza CMF