A la altura de la calorina
Estamos acostumbrados a medir el calor con el termómetro. Deberíamos empezar a medirlo con la cartera. Porque el verano abrasador ya no es un fenómeno meteorológico: es un nuevo actor económico, un factor social, un multiplicador de fragilidad.
Es un impuesto que no se ha votado ni debatido, pero que ya está en vigor. Y cada año aumenta. El calor se cuela en los hogares, en los cuerpos, en las cadenas de suministro, en los presupuestos familiares. No pide permiso. No espera. No hace descuentos.
En los días en que se superan los treinta y cinco grados, las ciudades cambian de ritmo. Las persianas se bajan como párpados cansados, los ventiladores giran como aspas de molinos agotados, los aparatos de aire acondicionado zumban como un segundo latido del corazón.
Cada grado más es un euro que se va: facturas que suben, medicamentos que se encarecen, visitas médicas que se multiplican. Las personas mayores que viven solas en el centro —aquellas a las que ya se ha clasificado en los grupos de riesgo «alto» y «muy alto»— viven el calor como una presión física. El termómetro marca treinta y seis, pero el cuerpo siente cuarenta.
Cada ola de calor es una prueba de resistencia, y cada
prueba tiene un coste sanitario que no aparece en los presupuestos municipales,
pero que pesa y mucho. El calor no es solo una temperatura: es una sustracción.
Sustrae energía, sustrae salud, sustrae seguridad. Y cada sustracción se
convierte en un coste que nadie ha previsto, pero que todos deben pagar.
Hemos descubierto que el calor es un adversario silencioso. Cada día en el que se superan los treinta y cinco grados es media jornada perdida, como si el clima hubiera convocado su propio conflicto laboral, sin sindicatos y sin negociación.
Y luego están los costes invisibles: climatizar naves enormes, refrigerar las líneas de producción, proteger a los trabajadores al aire libre. La factura energética se convierte en un nuevo capítulo del balance empresarial. El calor ya no es un fenómeno estacional: es un factor económico que modifica la estructura de los costes.
En los valles, el calor no es solo una temperatura: es una sustracción de futuro. Maíz que crece mal, forrajes que se queman, ganaderías que producen menos leche. El calor entra en los establos como un invitado indeseado: no grita, no hace ruido, pero quita. Quitar es su forma de expresarse.
Cada litro de leche menos es una señal que recorre la cadena de suministro hasta llegar a los mercados y las familias. Cada riego adicional supone un coste. Cada cosecha comprometida es una pérdida irrecuperable.
El termómetro mide el calor, pero es la cartera la que mide la pérdida. Y el sector agrícola, ya de por sí frágil, descubre que el clima se ha convertido en un actor económico que no se puede ignorar.
Aunque la ciudad sea fuerte el verano abrasador la enfrenta a una verdad sencilla: la fuerza no basta. Se necesita una red de apoyo, se necesita atención, se necesita prevención. Porque el calor no afecta a todos por igual: elige a los más solos, a los más mayores, a los más expuestos.
En algunos municipios predominan los hogares unipersonales, a menudo de personas mayores que viven solas: son los más vulnerables a las olas de calor. Cada medida que no se toma se convierte en un coste social que se acumula como un impuesto no declarado.
El calor se convierte en un indicador de desigualdad:
muestra quién tiene recursos y quién no, quién puede protegerse y quién queda
expuesto. Y la ciudad, que ya ha conocido la fragilidad en otras formas,
descubre que el clima es una nueva línea de fractura.
El calor extremo aumenta el consumo eléctrico y obliga a realizar inversiones: aparatos de aire acondicionado, protecciones solares y rehabilitaciones energéticas. Las inversiones en climatización y energía fotovoltaica ascienden a miles de millones a nivel nacional, con unos costes energéticos adicionales igualmente elevados.
La cuota local de este «impuesto climático» es especialmente elevada: naves industriales, talleres, tiendas y oficinas deben refrigerarse durante más tiempo y con mayor intensidad. El calor ya no es un fenómeno estacional: es una partida de gastos. Y cada verano abrasador añade una línea al presupuesto familiar y empresarial.
El calor no vota, no habla, no firma decretos. Y, sin embargo, decide. Decide quién puede trabajar y quién no, quién puede salir y quién se queda encerrado en casa, quién puede permitirse refrescar su vida y quién debe soportarla. El verano abrasador se ha convertido en un indicador de justicia: muestra quién tiene recursos y quién no, quién puede protegerse y quién queda expuesto.
El termómetro indica la temperatura, pero la cartera revela la verdad. Y entonces la pregunta se hace inevitable: ¿tiene sentido, en cuestiones medioambientales, esperar a que se tome una decisión a nivel nacional?
Uno tiene la sensación de que lo que se hace no es suficiente. Y no es suficiente porque el calor corre como un animal herido, y las administraciones lo persiguen con las pesadas botas de la burocracia.
No basta porque cada administración hace lo que puede, pero el calor hace lo que quiere. Las ordenanzas son hojas de papel frente a un cielo que no conoce tregua. Los protocolos son intentos de poner orden en un fenómeno que carece de orden. Los incentivos son gotas en un sistema que gotea por todas partes.
No basta porque cada intervención local es un gesto de cuidado, sí, pero también un gesto de soledad: un ayuntamiento que intenta proteger a sus mayores, un valle que intenta salvar sus cosechas, una empresa municipal que persigue la factura como se persigue una deuda antigua. Son acciones necesarias, pero también son señales de una desproporción: el problema es más grande que la mano que intenta contenerlo. No basta porque el calor no es una emergencia: es una estructura.
Y una estructura no se gestiona con medidas puntuales, sino con una dirección. Una dirección que hoy falta: estable, continua, sistemática… Sin esa dirección, cada intervención es un parche en una herida que sigue abriéndose.
No basta porque el calor ya es un actor económico, social y sanitario. Y las entidades territoriales deben convertirse en actores políticos a la altura: ya no solo administradores del presente, sino guardianes del futuro climático.
El calor ya no es un fenómeno natural. Es un coste. Un coste que crece, que se acumula, que se distribuye de forma injusta. El verano abrasador no es un accidente: es una nueva infraestructura económica. Y mientras no lo reconozcamos, seguirá presentándonos la factura.
P. Joseba Kamiruaga Mieza CMF












