Qué tienen que ver Ceuta y Gaza (por poner un ejemplo)
A principios de agosto, Ceuta dejó de ser solo un pequeño
enclave español en el continente africano y a orillas del Mediterráneo para
convertirse en el punto en el que se han cruzado algunas de las contradicciones
más profundas de la Europa contemporánea.
Más de setenta mil personas, en el transcurso de unos
pocos días, cruzaron la frontera procedentes de Marruecos, mientras que un
centenar perdieron la vida al intentar llegar a ese pedazo de tierra.
El debate público comenzó casi de inmediato a hablar de
invasión, emergencia, seguridad y devoluciones; se ha hablado mucho menos de
las personas.
En cuestión de unos días, la situación se ha normalizado
en alguna medida…: la inmensa mayoría de quienes habían cruzado la frontera han
sido devueltos a Marruecos o han regresado allí espontáneamente. En Ceuta han
quedado un par de miles, sobre todo menores extranjeros no acompañados, que
siguen buscando una vía de escape de las guerras, la opresión, el hambre o de
una existencia carente de cualquier perspectiva.
Una primera observación se refiere al lenguaje. Me
explico.
Definir lo ocurrido como una «invasión» no
es una simple elección léxica, sino que significa interpretar un fenómeno
humano extremadamente complejo exclusivamente a través de la categoría de la
amenaza.
El lenguaje no solo describe la realidad: contribuye a
construirla, orientando la percepción de la opinión pública y allanando el
terreno para las decisiones políticas.
La historia europea debería habernos enseñado que la
deshumanización no comienza con la violencia, sino mucho antes, cuando las
palabras dejan de evocar rostros, historias y destinos individuales y
convierten a los seres humanos en números, flujos o problemas de orden público.
Las causas de este flujo migratorio masivo son múltiples
y no pueden reducirse a una única explicación.
Guerras, persecuciones, crisis económicas, hambrunas,
violaciones sistemáticas de los derechos humanos, inestabilidad política y
profundas desigualdades siguen empujando a miles de personas a lo largo de las
rutas migratorias que, desde Oriente Medio, Asia y África, conducen hacia
Europa.
La situación particular de Marruecos y las tensiones
diplomáticas con España han contribuido sin duda a que lo ocurrido en Ceuta
fuera excepcional.
No sé si es cierto que los migrantes marroquíes partieron
animados por el Gobierno de Rabat, un Gobierno en sintonía con las derechas
estadounidenses y europeas, para las que la emigración es siempre objeto de una
burda instrumentalización electoral.
En todo caso ese éxodo forma parte de un fenómeno mucho
más amplio, que desde hace años atraviesa el Mediterráneo y que ninguna
interpretación reducida únicamente a la emergencia es capaz de explicar.
Ceuta constituye, de hecho, algo más que una crisis
migratoria: es uno de esos lugares en los que las democracias europeas están
llamadas a poner a prueba su fidelidad a los principios en los que declaran
basarse.
Las fronteras no son solo espacios en los que se
controlan las entradas: son el banco de pruebas en el que un Estado demuestra
hasta qué punto está dispuesto a mantenerse fiel a los valores que proclama,
precisamente cuando estos se vuelven más difíciles de aplicar.
Nadie puede negar seriamente la complejidad de la
situación. Pensar que fenómenos de esta envergadura pueden gestionarse
exclusivamente a través de la generosidad de los ciudadanos o del trabajo de
las organizaciones de voluntariado resulta no solamente poco prudente y sensato…
sino lo que sigue.
Pero la crónica de aquellos días también cuenta otra
historia, que merece al menos la misma atención que se ha prestado a las
tensiones y las polémicas.
Mientras una parte del debate público alimentaba la
retórica de la invasión y algunas fuerzas políticas —de extrema derecha—
intentaban sacar partido del suceso desplazándose al lugar para obtener apoyo a
sus posturas xenófobas e islamófobas, numerosos ciudadanos, asociaciones y
organizaciones repartían miles de comidas, agua, ropa y artículos de primera
necesidad entre quienes acababan de llegar a la costa.
No, no resolvían la crisis migratoria, ni podrían haberlo
hecho pero sí impidieron que la emergencia borrara lo que está por encima de
cualquier valoración administrativa: el reconocimiento del otro como ser
humano.
Es cierto que también en Ceuta se manifestaron miedos,
tensiones y reacciones hostiles —ninguna sociedad, al fin y al cabo, es inmune
a los contrastes y las contradicciones— y sería ingenuo idealizar esa respuesta
sin tenerlos en cuenta.
Pero es precisamente esta pluralidad de actitudes la que
confiere un significado político a lo ocurrido: ante el mismo suceso, una parte
de la ciudadanía optó por interpretar la vulnerabilidad como una amenaza,
mientras que otra —mayoritaria— reconoció en ella, ante todo, una petición de
ayuda, rechazando abiertamente las consignas xenófobas.
No se trata solo de una sensibilidad moral diferente,
sino de una forma distinta de entender el derecho, la democracia y, en
definitiva, la propia relación con el otro.
El caso de Ceuta plantea así una pregunta que está
llamada a acompañar a todo el continente europeo. ¿Qué ocurre cuando los
principios en los que una democracia afirma inspirarse entran en conflicto con
las exigencias de la seguridad, el consenso político o los intereses
geopolíticos?
Es en este espacio, tan discreto como decisivo, donde se
mide la credibilidad de las instituciones. De hecho, toda crisis humanitaria
somete a los Estados a la misma prueba: por un lado, el derecho internacional,
que afirma la universalidad de la protección de la persona; por otro, la razón
de Estado, que tiende a subordinarla a las prioridades de la política, la
seguridad o la diplomacia.
Pero es precisamente esta tensión la que se encuentra, de
una forma incomparablemente más dramática, en la tragedia del pueblo palestino.
Ceuta y Gaza pertenecen a contextos históricos, políticos
y jurídicos profundamente diferentes, y equipararlas sería un grave error.
Lo que las une no es la naturaleza de los
acontecimientos, sino la pregunta que ambas plantean a las democracias
europeas: ¿hasta qué punto los principios proclamados como universales
siguen siéndolo cuando su aplicación entra en conflicto con intereses
estratégicos, alianzas políticas o conveniencias diplomáticas?
Nadie cuestiona seriamente que Israel tenga derecho a
vivir en seguridad y a defender a su población de los ataques terroristas o de
las amenazas externas. Pero precisamente porque ese derecho corresponde a todo
Estado, se enfrenta a un límite insuperable en el derecho internacional
humanitario, que prohíbe el castigo colectivo de la población civil, impone la
distinción entre combatientes y no combatientes y prohíbe el uso del hambre, la
destrucción indiscriminada y el asedio como instrumentos de guerra.
Y es en este terreno, y no en el de las afiliaciones
ideológicas, donde debería centrarse el debate. Desde hace muchos meses, las
Naciones Unidas, organismos independientes, organizaciones de prestigio en
materia de derechos humanos y una parte cada vez mayor de la comunidad
científica denuncian la gravedad de las violaciones cometidas en la Franja de
Gaza.
La Corte Internacional de Justicia, al pronunciarse sobre
las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica en el marco de la
Convención sobre el Genocidio, ha reconocido la verosimilitud del riesgo
denunciado y ha impuesto a Israel obligaciones específicas de prevención;
paralelamente, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las
Naciones Unidas ha documentado violaciones gravísimas del derecho internacional
humanitario, mientras que un número cada vez mayor de juristas y expertos en
derecho internacional considera que los elementos que han salido a la luz hasta
ahora podrían constituir los elementos del delito de genocidio.
Los órganos institucionales competentes actúan con
extrema prudencia a la hora de pronunciarse sobre las responsabilidades de
genocidio en cuestión, analizando en profundidad sus interpretaciones e
implicaciones jurídicas con respecto a lo establecido en el derecho
internacional.
Con todo, la prudencia de las instancias y del lenguaje
jurídicos no puede convertirse en vacilación ético-moral. Cuando decenas de
miles de civiles son asesinados o heridos, los hospitales, las escuelas y las
infraestructuras esenciales son destruidas sistemáticamente, el hambre se
convierte en un arma de presión y familias enteras se ven obligadas a
desplazarse sin encontrar un lugar seguro en el que refugiarse, y se bloquean
la ayuda humanitaria y las ONG, la cuestión ya no consiste únicamente en
determinar qué definición jurídica adoptar. Se convierte, ante todo, en una
prioridad de responsabilidad política y de conciencia civil. Más aún cuando
existe un ataque deliberado contra los niños, que representan alrededor del 30
% del total de víctimas del conflicto.
El informe de la Comisión Internacional Independiente de
Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado,
presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 18 al 23 de junio
de 2026, llega a la siguiente conclusión: las fuerzas israelíes han matado y
herido deliberadamente a niños palestinos, no como daño colateral, sino
como parte de una estrategia intencionada para destruir el futuro
de la comunidad palestina, ya que los niños representan su continuidad
biológica y social. Las conclusiones jurídicas hablan de genocidio, crímenes
contra la humanidad y crímenes de guerra en Gaza, así como de crímenes de
guerra en Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
Sí, lo repito, Ceuta y Gaza siguen siendo historias diferentes, pero
tal vez transmiten una misma lección: hay un vacío dejado por una
política a menudo paralizada por el miedo, los intereses o las conveniencias
diplomáticas, en el que hay que recordarnos que la dignidad de la persona no es
un valor negociable ni un principio que deba aplicarse de forma selectiva.
Quizá sea esta la diferencia más profunda entre una
democracia que se limita a administrar el presente y una democracia que sigue
reconociéndose en los valores de los que extrae su legitimidad. Ignorarla, a la
luz de la reconstrucción histórica, puede traducirse en complicidad con actos
atroces como un genocidio.
La solidez de las democracias no se debe únicamente a la
solidez y credibilidad de sus instituciones.
También se debe al valor y a la movilización de las
mujeres y los hombres que, en los momentos decisivos, impiden que el derecho
sea absorbido silenciosamente por la razón de Estado. No siempre —de hecho,
casi nunca— logran cambiar el curso de los acontecimientos; pero saben impedir
que la injusticia sea aceptada como un hecho inevitable y que la conciencia
civil se resigne a la lógica del más fuerte.
Por eso, hoy en día, el problema no se limita a Ceuta y
Gaza, España o Marruecos, Israel o Palestina, sino que también nos concierne a
todos y cada uno de nosotros, y al modelo de democracia que queremos legar a
las generaciones futuras.
Si los derechos fundamentales dejan de ser universales y
pasan a depender de la identidad de las víctimas, de la fuerza de los Estados o
de los equilibrios geopolíticos del momento, no es solo una población la que se
ve privada de su protección: es el propio orden jurídico el que pierde su
credibilidad.
Una democracia, al fin y al cabo, no empieza a perder su
alma cuando se ve llamada a defender una frontera, sino cuando, para vigilar
esa frontera o salvaguardar un interés estratégico, olvida la razón por la que
se redactó la ley: proteger la dignidad de la persona, precisamente cuando está
más expuesta a la fuerza del poder.
P. Joseba Kamiruaga Mieza CMF
