Enmascarar la mentira y ocultar la realidad.

Enmascarar la mentira y ocultar la realidad 

Las palabras nunca son neutras, nunca son inocentes: pueden describir la realidad o enmascararla; pueden hacer avanzar la convivencia o convertir el mundo en un lugar peor. 

La política lo sabe desde siempre: cambiar el nombre de las cosas es una de las formas más eficaces de cambiar la manera en que las percibimos. Para bien y, sobre todo, para mal. 

Por eso, cuando el debate público se centra en las palabras, incluso con interpretaciones capciosas, conviene detenernos y preguntarnos de qué estamos hablando realmente. 

Tomemos el término «deportación». Desde hace algún tiempo, algunos representantes de la extrema derecha sostienen que es erróneo utilizarlo para referirse al traslado forzoso de inmigrantes a sus países de origen: la deportación, afirman, sería otra cosa, porque significaría llevar a alguien a un lugar distinto de aquel del que procede; si, en cambio, se le devuelve a su país de origen, habría que hablar de «remigración». 

La objeción tiene un cierto poder de persuasión insidioso, pero no se sostiene. 

La palabra deriva del latín deportare: «de-» indica el alejamiento, «portare», el transporte. Llevarse, precisamente. En el derecho romano, la deportatio era una pena que consistía en el alejamiento forzoso ordenado por la autoridad, y el punto decisivo nunca era el lugar al que se enviaba a la persona, sino el hecho de ser enviada contra su voluntad. 

Así ha permanecido hasta hoy: los diccionarios definen la deportación como el traslado forzoso de personas ordenado por una autoridad, y el elemento esencial sigue siendo la coacción, no el destino. 

Sostener lo contrario significa confundir lo esencial con lo accesorio, un poco como pretender que un asesinato cometido con un cuchillo pertenezca a una categoría diferente de un asesinato cometido con una pistola: cambia el instrumento, no la naturaleza del hecho. 

Si una autoridad obliga a miles de personas a subir a autobuses, trenes o aviones y las aleja contra su voluntad, es ese traslado forzoso lo que define el acto; que las personas sean conducidas a un campo, a un tercer país o a su país de origen cambia el destino geográfico, no la naturaleza de la operación. 

La remigración y la deportación, por lo demás, ni siquiera son términos alternativos: pertenecen a planos distintos. 

La remigración es un término político que indica un objetivo —reducir drásticamente la presencia de inmigrantes devolviéndolos a sus países de origen—, pero no dice nada sobre la forma en que debería alcanzarse ese objetivo. 

El medio puede ser el retorno voluntario, o bien la expulsión individual decidida caso por caso respetando las garantías legales; pero también puede ser el traslado coercitivo y generalizado de categorías enteras de personas. Si el medio es este último, llamarlo «remigración» no elimina el problema: lo oculta, como hablar de «pacificación» para referirse a una ocupación militar. 

La palabra describe el fin declarado, no lo que ocurre en la práctica. 

La deportación conlleva un halo de violencia y racismo de Estado que pocos, incluso en la derecha, están dispuestos a reivindicar abiertamente: evoca los vagones sellados, las leyes raciales, un capítulo de la historia europea que nadie, salvo franjas declaradamente extremistas, quiere evocar en público. 

«Remigración», en cambio, suena neutra, casi técnica —y en parte lo fue durante décadas, en el léxico de la demografía, antes de que la retomaran los círculos de la extrema derecha identitaria europea. 

Utilizarla permite reivindicar un objetivo radical sin tener que cargar con su peso simbólico: la palabra suena aceptable y, precisamente por eso, puede pronunciarse en los programas electorales y en los programas de entrevistas, donde «deportación» resultaría repugnante e impronunciable. Obviamente, no se trata de un error terminológico ingenuo. Es una elección cínica de comunicación (y manipulación) política. 

También el derecho internacional establece esta distinción. 

Un Estado puede expulsar a un extranjero en situación irregular siguiendo procedimientos individuales y respetando las garantías previstas por el ordenamiento jurídico; otra cosa muy distinta es el traslado forzoso de grupos de personas identificados en función de su origen nacional o étnico. La diferencia, en este caso, no radica en el destino final, sino en la naturaleza del acto: individual o colectivo, voluntario o coercitivo. 

No toda repatriación forzosa es una deportación, pero si el objetivo declarado es alejar de forma coercitiva, y de manera generalizada, a miles y miles de personas por su pertenencia a una categoría determinada, el problema ético y jurídico no se resuelve inventando una palabra nueva: la realidad no cambia (ni debería cambiar) porque cambie el vocabulario. 

George Orwell señalaba que el lenguaje político sirve a menudo «para hacer que las mentiras parezcan verdaderas y el asesinato, respetable»: una frase extrema, escrita pensando en los totalitarismos del siglo XX, pero el mecanismo sigue siendo el mismo incluso cuando los resultados deseados no son tan aterradores. 

Se empieza atenuando el significado de las palabras y, casi sin darse cuenta, se acaba dispersando el sentido de las cosas y la estructura moral de las sociedades. 

En esto, como en muchos otros casos, es fundamental reflexionar sobre las ambigüedades y las manipulaciones deliberadas del discurso público: detrás de una disputa léxica se esconde, muy a menudo, un intento de ocultar la realidad y de corromper la política. 

P. Joseba Kamiruaga Mieza CMF